El Tribunal Supremo de Justicia falló recientemente sobre una petición presentada por el partido «Demócratas» contra la participación del partido «Otzma Yehudit», dirigido por el ministro Itamar Ben-Gvir, así como contra las candidaturas personales del ministro Ben-Gvir y la diputada Tally Gotliv a la 26ª Knéset. El tribunal rechazó la petición en su totalidad, confirmando la participación continua del partido y sus candidatos en las próximas elecciones. En su decisión, los jueces enfatizaron que la consideración de las solicitudes de inhabilitación requiere un cumplimiento estricto de las normas procesales y los plazos, que forman parte integral del proceso de aprobación de listas de candidatos.
Según la sentencia, los peticionarios no lograron demostrar los fundamentos necesarios para una inhabilitación, a pesar de los argumentos presentados contra el ministro Ben-Gvir y la diputada Gotliv. Una de las razones centrales del rechazo se refirió a la conducta procesal de los demandantes. Los jueces aclararon que la petición se presentó ignorando el cauce legal establecido en la Ley Electoral, que establece mecanismos claros y graduales para apelar las decisiones del Comité Electoral Central.
Se señaló que los peticionarios no consultaron con la Asesora Jurídica del Gobierno antes de acudir a los tribunales, a pesar de sus competencias legales en este contexto. El Tribunal indicó que eludir la vía legal existente impuso a los peticionarios una carga de la prueba especialmente alta, la cual no cumplieron en este caso. Además, la sentencia destacó la importancia de cumplir con plazos ajustados para garantizar que las elecciones se celebren a tiempo.
El momento de la presentación de la petición y la conducta de los demandantes fueron considerados problemáticos por los jueces, con referencia explícita a la cuestión de la caducidad por demora. Como resultado, el Tribunal no encontró motivos para intervenir en la decisión que permite a «Otzma Yehudit» y sus candidatos someterse al voto del público. Esta decisión aclara una vez más los límites de la intervención judicial en el proceso electoral y refleja la política constante de la Corte Suprema de exigir el agotamiento total de las vías administrativas antes de acudir a la instancia superior, especialmente en casos con implicaciones políticas y públicas significativas.