En un artículo reciente publicado en 'Maariv', el Dr. Eitan Lasri critica la forma en que el Tribunal Supremo aplica el artículo 7A de la Ley Fundamental: la Knesset, que permite descalificar a candidatos que niegan la existencia del Estado como judío y democrático o apoyan la lucha armada contra él. Según el artículo, la realidad israelí ha cambiado fundamentalmente desde los eventos del 7 de octubre de 2023, exigiendo un reexamen de los principios legales sobre la democracia defensiva.
El Dr. Lasri sostiene que el Tribunal Supremo mantiene un umbral probatorio particularmente estricto, definido como 'masa crítica', que dificulta la aplicación efectiva de la disposición. Como ejemplo central, el artículo cita la anulación de la decisión de la Comisión Electoral Central respecto a Ofer Cassif, quien fue autorizado a postularse en las elecciones de la 26ª Knesset por una mayoría de siete jueces, a pesar de las alegaciones sobre declaraciones problemáticas.
El autor cuestiona la coherencia de los jueces del Tribunal Supremo, señalando que en el mismo procedimiento, el presidente Yitzhak Amit tomó una posición distinta en el caso de Sami Abu Shehadeh, lo que finalmente llevó a la retirada del candidato sin que se emitiera una sentencia motivada. Otra comparación realizada en el artículo es el caso de Michael Ben-Ari de 2019, donde el autor afirma que el tribunal actuó con mayor determinación para descalificar a un candidato.
El Dr. Lasri subraya que el público percibe a menudo un 'doble rasero' al evaluar a candidatos de distintos bandos políticos. Según él, mientras que anteriormente algunas declaraciones podían interpretarse como expresión política extrema, tras la masacre y la guerra, el apoyo al enemigo ha adquirido un significado tangible que no puede descartarse como una mera nota al pie. El autor también señala la inusual decisión del juez Noam Sohlberg, como presidente de la Comisión Electoral Central, de participar en la votación respecto a Abu Shehadeh como una señal de que existe un reconocimiento interno de la necesidad de reevaluar los límites.
El artículo pide al Tribunal que adopte una interpretación actualizada, ajustada a las amenazas actuales al Estado, manteniendo los principios democráticos. Según el artículo, esto no es un llamado a revocar el derecho a ser elegido, sino una exigencia de definir reglas claras, iguales y uniformes que permitan al Estado protegerse de quienes buscan usar sus libertades para dañarlo. En conclusión, el artículo aclara que la independencia judicial no exime al sistema de la crítica, y que la próxima prueba para el Tribunal Supremo será si continúa adhiriéndose a pruebas legales redactadas hace décadas o desarrolla una línea que defienda eficazmente al Estado democrático.