La Comisión Electoral Central ha admitido la solicitud del partido Likud y ha decidido inhabilitar al diputado Ofer Cassif, del partido Hadash, para participar en las elecciones a la 26ª Knesset. La decisión se tomó al finalizar un debate con 19 votos a favor, 5 en contra y dos abstenciones. De acuerdo con la normativa, dado que se trata de la descalificación de un candidato, la resolución final será adoptada por la Corte Suprema, que deberá examinar si las declaraciones del diputado constituyen una negación del Estado de Israel como Estado judío y democrático.
Durante el debate, el diputado Cassif argumentó que estas solicitudes tienen como fin silenciar las voces que ofrecen una alternativa al discurso imperante. Por su parte, el presidente de la comisión, el juez Noam Sohlberg, subrayó la importancia de la cautela al ejercer esta autoridad de inhabilitación, ya que se trata de una medida que limita el derecho de un amplio sector público a elegir a sus representantes. Cassif rechazó los cargos presentados en su contra, señalando que se opone a la violencia y trabaja por promover los derechos humanos y la paz, condenando a su vez la masacre del 7 de octubre y los crímenes de guerra.
Paralelamente a los procedimientos contra Cassif, la comisión debatió otras solicitudes de inhabilitación. El partido Israel Beitenu anunció su apoyo para inhabilitar a candidatos de las listas de Ra'am y la Lista Conjunta, alegando que sus posturas no coinciden con los objetivos de guerra de Israel. Además, se trató el caso de Sami Abu Shehadeh, sobre quien la asesora jurídica del Gobierno, Gali Baharav-Miara, publicó un dictamen señalando la existencia de una base probatoria aparente de apoyo a la lucha armada de una organización terrorista, debido a un artículo publicado el 8 de octubre de 2023. El partido "Yashar", liderado por Gadi Eisenkot, también apoyó la inhabilitación de Abu Shehadeh. En respuesta, el presidente de la Lista Conjunta, Yousef Jabareen, atacó estas acciones, calificándolas de políticas y contrarias a los valores democráticos. La cuestión de las inhabilitaciones coloca nuevamente a la Comisión Electoral y al control judicial en el centro del debate público en Israel, mientras la Corte Suprema deberá decidir si las pruebas presentadas justifican impedirles concurrir a las elecciones.