Una crisis legal y política sacude los fundamentos del control público en Israel, bajo el vacío institucional creado por la vacante en el cargo de Contralor del Estado. El abogado Amit Becher, presidente del Colegio de Abogados de Israel, envió una carta formal al presidente del Knéset, Amir Ohana, y a la asesora jurídica del Knéset, Sagit Afik, exigiendo la convocatoria del pleno del Knéset para realizar nuevas elecciones al puesto de Contralor. Esta exigencia llega un mes y medio después de que la Corte Suprema ordenara anular el proceso de elección anterior.
Como se recordará, el nombramiento del abogado Michael Ravilo fue congelado tras recursos ante la Corte Suprema que alegaron una vulneración del voto secreto debido a la autodocumentación por parte de los diputados. El panel de jueces, compuesto por Noam Sohlberg, Dafna Barak-Erez y Gila Canfy-Steinitz, halló un "defecto fundamental" en el procedimiento y ordenó repetir la elección. Por su parte, el presidente del Knéset, Amir Ohana, ha expresado que la Corte Suprema actuó sin autoridad, por lo que no tiene intención de cumplir con la orden judicial.
Esta postura es respaldada por el ministro de Justicia, Yariv Levin, quien sostiene que no debe realizarse una nueva elección y que el contralor ya elegido debe asumir el cargo. La consecuencia práctica de este estancamiento es especialmente grave para los empleados que buscan protegerse contra la corrupción o irregularidades en su lugar de trabajo. Según informes de N12, la Oficina del Contralor del Estado confirmó que diez solicitudes de órdenes de protección fueron rechazadas de plano desde principios de julio, al no haber una autoridad legalmente capacitada para concederlas.
Por ejemplo, una alta funcionaria de un ministerio no recibió respuesta a su petición, pues no hay quien firme las órdenes de protección temporales o permanentes. En su misiva, Amit Becher subraya que se trata de una infracción de una decisión judicial con repercusiones penales y administrativas, e insta a la asesora jurídica del Knéset a instruir a las partes pertinentes para asegurar el cumplimiento de la ley. El asunto provoca un gran revuelo público y político, con la oposición amenazando con presentar una solicitud por desacato al tribunal ante la negativa a cumplir con las directrices judiciales.