Una nueva disputa comercial se dirime en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, en la que la empresa alemana de ciberseguridad Link11 sostiene que fue engañada durante el proceso de adquisición de la startup israelí Reblaze. Según informó TheMarker, la operación, firmada en enero de 2024, se valoró en un total de 18,5 millones de dólares. De dicha cifra, la empresa adquirente ya ha abonado 16,5 millones de dólares a los accionistas de la firma israelí.
Actualmente, la empresa alemana solicita al tribunal que le exima de pagar el resto de la contraprestación, que asciende a unos 2 millones de dólares. La demandante argumenta que el proceso de adquisición estuvo viciado debido a declaraciones falsas y a la ocultación deliberada de información sustancial sobre las operaciones de Reblaze. La empresa alemana afirma que los defectos que dice haber descubierto únicamente tras finalizar la transacción le han causado daños financieros que cifra en aproximadamente 9 millones de dólares.
Por el contrario, los accionistas de Reblaze rechazan categóricamente las acusaciones dirigidas contra ellos en el proceso judicial. En su respuesta, han calificado la demanda de indignante y fundamentalmente infundada. A falta de una resolución judicial, las posturas de las partes siguen siendo objeto de controversia legal en sede judicial.
Este caso ilustra la complejidad que entrañan las auditorías de diligencia debida (Due Diligence) en las fusiones y adquisiciones de empresas tecnológicas, donde a veces surgen brechas entre la información presentada en el momento de la venta y la situación real observada tras el traspaso de la titularidad. Esta cuestión subraya la necesidad de extremar la precisión en la documentación de las declaraciones y garantías entre las partes, ya que las alegaciones posteriores de engaño pueden derivar en largos litigios que erosionan la certidumbre empresarial que las partes pretendían lograr al firmar el contrato de compraventa. Se espera que el tribunal resuelva las cuestiones de hecho planteadas por las alegaciones mutuas y examine si realmente existió engaño o declaración falsa que justifique la anulación de la obligación de pago pendiente.