Un asunto jurídico que suscita interés ha llegado al tribunal de distrito; se trata de acusaciones de un cargo irregular y no autorizado en una tarjeta de crédito durante un viaje en taxi en la capital francesa. Según un informe en TheMarker, Mira Bornstein, una turista israelí, alegó que durante un trayecto corto de unos diez minutos en París en febrero, fue víctima de un fraude financiero por parte de un taxista local. Según la demanda, el conductor solicitó el pago mediante tarjeta de crédito alegando falta de cambio en efectivo y presentó un dispositivo de cobro que mostraba la suma de 10,5 euros.
Bornstein testificó que realizó la operación introduciendo su código secreto, pero el conductor alegó que la transacción falló y pidió realizarla de nuevo en otro dispositivo. Tras efectuarse el pago, no se entregó ningún recibo físico a pesar de la solicitud de la pasajera. Posteriormente, Bornstein descubrió que le habían cargado más de 9. 600 séqueles, 250 veces la suma original prevista por el trayecto. Bornstein se dirigió a su compañía de crédito exigiendo la anulación de la operación, pero al ser rechazada, presentó una demanda.
El tribunal de primera instancia desestimó su demanda y ahora tramita una apelación en el tribunal de distrito. Por su parte, la empresa CAL informó que su proceder frente a la clienta fue conforme a la ley de servicios de pago, sin ofrecer mayores detalles. El caso subraya la complejidad al tratar con transacciones internacionales, especialmente con medios de pago realizados en dispositivos móviles en países extranjeros, donde el control de las compañías sobre los detalles exactos puede ser limitado.
Los alegatos en el caso no han sido resueltos de forma definitiva en la apelación, y el debate ilustra la dificultad jurídica de los consumidores para recuperar fondos en casos de presunto fraude en el extranjero cuando el pago fue realizado voluntariamente con código secreto. El proceso puede constituir un precedente respecto a la responsabilidad de las empresas de crédito ante la impugnación de operaciones y sospechas de fraude por terceros, así como sobre el deber de diligencia exigido a los consumidores al usar terminales móviles en viajes.