En una audiencia adicional ante una composición ampliada de cinco jueces de la Corte Suprema, se resolvieron cuestiones jurídicas fundamentales relativas al procedimiento de cese de funcionarios de alto rango en la administración pública. El trasfondo del caso es la solicitud del Ministro de Economía, Nir Barkat, de dar por terminado el mandato de la Comisionada de Competencia, Michal Cohen, antes del final de su nombramiento. La petición del ministro se basaba, entre otras cosas, en una supuesta crisis de confianza grave y prolongada entre él y la Comisionada.
En su momento, el Comisionado del Servicio Civil se negó a convocar al comité de nombramientos, alegando que no se había presentado una base factual inicial que justificara la medida. Tal como se señaló en 'Maariv', la cuestión jurídica central giraba en torno a la autoridad del Comisionado para rechazar de plano una solicitud ministerial sin someterla al comité correspondiente. En una decisión unánime, la Corte determinó que, cuando la solicitud ministerial no revela una causa prima facie o presenta un defecto administrativo evidente, el Comisionado puede ordenar un procedimiento preliminar abreviado ante el comité, un mecanismo de rechazo rápido sin necesidad de audiencias orales.
Este cambio otorga al Comisionado herramientas de gestión, dejando claro que no posee una autoridad ilimitada para negarse unilateralmente a convocar al comité. Durante las deliberaciones, el juez Noam Sohlberg criticó la gestión de la asesoría jurídica del gobierno en este caso, mientras que el presidente Isaac Amit destacó que, dada la naturaleza inédita del procedimiento, la cautela ejercida fue adecuada. La Corte también interpretó el término 'crisis de confianza' como motivo para el cese, un tema que permanece en el centro de la disputa entre los niveles político y profesional.
Los juristas estiman que este fallo eleva el estándar para que los cargos electos destituyan a altos funcionarios, exigiendo la presentación de pruebas profesionales y un peso factual sólido. La implicación práctica es que una 'crisis de confianza' por sí sola no es suficiente para un despido sin la documentación adecuada, y dichos procesos continuarán bajo un estricto control judicial que equilibre la autoridad ministerial con la protección de los cargos profesionales.