En una sentencia de principios dictada recientemente, el Tribunal Superior de Justicia examinó la decisión del gobierno de cerrar la emisora de radio militar Galey Tzahal. En su fallo, el Tribunal estableció que, aunque el gobierno tiene la facultad teórica de cerrar la emisora sin una legislación especial, el motivo central detrás de la decisión fue indebido y no se ajusta a los principios del derecho administrativo en un Estado democrático. El juez Yechiel Kasher, quien redactó la sentencia principal, enfatizó que el Estado no logró probar sus alegatos respecto a una justificación objetiva para el cierre.
Según el fallo, se demostró que el motivo dominante para la decisión fue el descontento político con los contenidos y posturas transmitidas por el medio de comunicación. El proceso judicial reveló la participación de personas con posturas declaradas en contra de la emisora en el comité que examinaba su futuro, lo que socavó el sustento fáctico de la medida. El tribunal distinguió entre una postura previa permitida y un prejuicio cerrado que impide un examen objetivo de los datos.
Los críticos de la sentencia argumentaron que el gobierno actúa bajo un mandato público para cambiar el orden en la radiodifusión pública, pero los jueces aclararon que el uso del poder gubernamental para castigar la libertad de expresión es ilegítimo. El caso demuestra la importancia de un procedimiento administrativo adecuado y la prevención del 'sesgo de confirmación' en los procesos de toma de decisiones gubernamentales. Según el fallo, incluso un medio de comunicación financiado con fondos públicos y que opera en un marco militar, goza de protección contra el abuso de autoridad con fines de silenciamiento.
La sentencia no niega el derecho del gobierno a liderar políticas, pero establece un límite claro: está prohibido usar vías administrativas para cerrar un medio de comunicación solo porque su contenido no coincide con la visión del mundo del poder. Esto significa para las autoridades la necesidad de garantizar procedimientos libres de sesgos institucionales y políticos, y asegurar que toda decisión significativa sobre el futuro de las instituciones públicas se tome sobre la base de una infraestructura fáctica amplia, objetiva y libre de motivos ajenos.