El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia de gran relevancia en la que se anula la decisión del Gobierno de cerrar la estación de radiodifusión Galei Tzahal (Radio del Ejército). La resolución, adoptada por unanimidad por los jueces Yechiel Kasher, Daphne Barak-Erez y Alex Stein, aborda los límites del poder gubernamental en lo que respecta a la influencia sobre los medios de comunicación.
En el centro del fallo se encontraba el argumento de que el Gobierno actuó por motivos políticos inapropiados y no por consideraciones objetivas, como la eficiencia presupuestaria u organizativa. La sentencia señala que un funcionario con autoridad gubernamental no puede utilizar su poder para silenciar a un medio de comunicación debido a un desacuerdo con las opiniones de los locutores o el contenido de las emisiones. Los jueces aclararon que un Gobierno que actúa de esta manera daña la piedra angular de la democracia, que reconoce la importancia de una prensa independiente y libre.
El Tribunal criticó duramente la conducta del ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi. Los jueces señalaron que el ministro había predeterminado el resultado deseado antes incluso de la creación de la comisión encargada de evaluar el cierre. Las cartas del ministro, que describían la estación como una entidad que había perdido su función original para convertirse en una «fortaleza política», sirvieron de prueba para el Tribunal de que el motivo de la decisión era ajeno a las normas de una administración correcta.
A pesar del resultado final, los jueces subrayaron que el Gobierno posee la autoridad teórica para ordenar el cierre de la emisora, y que dicha acción no requiere necesariamente una legislación primaria. Sin embargo, cualquier cierre o cambio estructural de la emisora debe realizarse mediante un proceso administrativo regular, basado en motivos objetivos y evitando el uso del poder ejecutivo para silenciar opiniones. El Tribunal rechazó el alegato del Gobierno de que el cierre de la emisora era necesario debido a su impacto en la moral de los soldados, concluyendo que dicho argumento servía de pretexto para encubrir posiciones políticas.
Diversos sectores han expresado su satisfacción con la decisión. El Movimiento por la Calidad del Gobierno calificó el fallo como una victoria para la libertad de prensa y el Estado de Derecho. Por otro lado, los representantes del comité de empleados de Galei Tzahal y de la organización de trabajadores de las FDI declararon que el resultado legal era justificado y apropiado, asegurando la contribución continua de la emisora al público israelí.
El significado práctico de este fallo es una limitación explícita a la capacidad de los cargos electos para utilizar sus poderes con el fin de cerrar entidades de radiodifusión debido a contenidos que les resultan desfavorables. Se trata de una aclaración importante sobre el deber de buena administración, que destaca que incluso las decisiones administrativas claras están sujetas a una estricta revisión judicial, especialmente cuando afectan a valores constitucionales fundamentales como la libertad de expresión y de prensa.