La jueza del Tribunal Supremo, Dafna Barak-Erez, dictó el viernes una orden provisional para detener la transferencia del caso de investigación de la ex fiscal militar general, Yifat Tomer-Yerushalmi, a la Fiscalía del Estado. La orden, emitida "solo por precaución y sin adoptar ninguna postura", seguirá vigente hasta nueva orden o hasta que se resuelva la solicitud de una audiencia adicional presentada ante el tribunal. Este movimiento se produce tras una petición debatida en el Tribunal Superior hace unas dos semanas, en la que los demandantes pedían cambios en la gestión de la investigación sobre la filtración de documentos de la fiscalía militar en el caso de Sde Teiman.
En dicho proceso, el panel de jueces presidido por el presidente Isaac Amit, con la participación de los jueces David Mintz y Khaled Kabub, determinó que no existían motivos para la intervención judicial en el criterio de las autoridades policiales ni en la opinión de la oficina del asesor jurídico del gobierno. Según la opinión recibida por el tribunal, el fiscal del Estado, Amit Aisman, no está inhabilitado para supervisar la investigación, ya que no estuvo involucrado en los hechos objeto de análisis.
Además, los jueces subrayaron en su sentencia que el tribunal no actúa como un órgano investigador y no sustituye el criterio profesional de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Asimismo, se determinó que condicionar la investigación al nombramiento de un supervisor externo, como solicitó el ministro de Justicia, Yariv Levin, podría otorgar al escalafón político un poder de influencia indebido sobre la conducción de investigaciones penales. El trasfondo de estos sucesos se remonta al caso de Sde Teiman, que comenzó en julio de 2024 con la investigación de un incidente de malos tratos a un detenido y se complicó en octubre de 2025, cuando se abrió una investigación penal para verificar la implicación de funcionarios de la fiscalía militar en la filtración de vídeos y el encubrimiento de procedimientos.
Tras estos hallazgos, el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó la destitución de la ex fiscal Tomer-Yerushalmi, alegando conductas graves y una ruptura de confianza. Esta decisión se suma a la complejidad jurídica creada el pasado marzo, cuando se anuló la acusación contra cinco soldados de reserva debido a dificultades probatorias y argumentos de defensa por equidad, derivados en parte de la filtración de materiales sensibles que perjudicó el debido proceso.
El significado práctico de la orden provisional es la congelación del status quo en la gestión del caso, evitando por ahora su traslado a la Fiscalía del Estado y manteniéndolo en espera hasta la decisión final del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de una audiencia adicional.