El 24 de agosto de 2026, el Tribunal Supremo emitió una importante orden cautelar que ordena la suspensión del traslado de fondos de coalición por un total de unos 409 millones de shekels. Según el informe de TheMarker, la orden impide el traslado de unos 286 millones de shekels al Ministerio de Educación, junto con una suma adicional de unos 123 millones de shekels destinados al Ministerio de Asentamientos.
La decisión se adoptó tras el recurso presentado ante la instancia judicial por la organización Hiddush y la diputada Naama Lazimi, del partido de los Demócratas. Los recurrentes se opusieron al traslado de los fondos, realizado en el marco de la Comisión de Finanzas, alegando una maniobra política realizada durante el receso electoral. El proceso legal se desarrolla en el contexto de los intentos del gobierno de trasladar estos presupuestos poco antes de las elecciones, centrándose el recurso en la crítica a la legalidad de dichos traslados bajo estas circunstancias.
La orden dictada obliga a detener los pagos de inmediato hasta que se obtenga una sentencia definitiva o una decisión al respecto. El paso dado por el Tribunal Supremo constituye un hito en el discurso público y jurídico sobre el uso de fondos de coalición durante el periodo electoral, ya que impide de hecho el traslado de presupuestos significativos para diversos fines.
Los círculos jurídicos y públicos siguen con gran interés la evolución de este caso, ya que afecta a cuestiones fundamentales de buena administración y de las facultades del gobierno y de la Knéset en el delicado periodo de una campaña electoral. Los recurrentes sostienen que el traslado de los presupuestos no se ajusta a las normas exigidas durante el periodo electoral, mientras que la orden tiene por objeto garantizar que no se lleven a cabo medidas irreversibles sobre el presupuesto estatal antes de que se examinen sus alegaciones. La decisión de los jueces del Tribunal Supremo refleja una política judicial que examina los traslados presupuestarios controvertidos, especialmente cuando se realizan mediante procedimientos considerados atípicos o que podrían conferir una ventaja política injusta antes de acudir a las urnas. Se espera que el recurso siga siendo examinado por las instancias, mientras todas las partes esperan la decisión del Tribunal para determinar si la conducta del gobierno en este asunto se excedió de sus competencias durante el receso.