La Corte Suprema de Justicia ha aceptado recientemente las peticiones presentadas contra una decisión de la Comisión Electoral Central, que buscaba permitir que los partidos políticos reciban informes continuos durante el día de las elecciones sobre la identidad de los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto o se abstuvieron de hacerlo. En un panel compuesto por las juezas Yael Willner, Alex Stein y Khaled Kabub, se dictaminó por unanimidad que esta práctica no cumple con los estándares legales.
Según los informes de News 13, la opinión mayoritaria, redactada por la jueza Willner, aclara que la Comisión Electoral Central excedió su autoridad. La jueza determinó que no existe una fuente de autoridad legal que permita autorizar a los representantes de los partidos a actuar de esta manera, y que el principio de legalidad administrativa requiere una habilitación expresa en la ley, la cual está ausente en este caso. Más allá de la falta de autoridad administrativa, el tribunal enfatizó que la transmisión de dicha información a los partidos constituye una violación directa del derecho a la privacidad de los votantes.
Según la sentencia de los jueces, esta acción constituye una violación de la prohibición establecida en la sección 2(9) de la Ley de Protección de la Privacidad. La información recopilada en los centros de votación no puede utilizarse como herramienta de monitoreo partidista. Durante los procedimientos legales, los representantes del partido Likud expresaron una firme oposición a la eliminación de la práctica, argumentando que se trata de un cambio en la costumbre existente que perjudica la capacidad del partido para gestionar su sistema electoral de manera eficiente.
El abogado Ilan Bombach, en representación del partido, sostuvo durante la audiencia que la prohibición causa un daño significativo al Likud debido a las bases de datos y software que el partido ha desarrollado durante años. Por el contrario, el juez Khaled Kabub cuestionó durante la audiencia si la prueba de legalidad de la práctica debería basarse en la riqueza de un partido en bases de datos y registros históricos de votantes. El Movimiento por la Calidad del Gobierno, uno de los peticionarios, celebró la decisión, señalando que es un pilar importante en la protección de la integridad de las elecciones y del derecho de cada ciudadano a votar sin presiones externas.
Este fallo cierra la puerta a la posibilidad de utilizar a los representantes de los partidos en los centros de votación como una fuente de inteligencia sobre el estado de la votación en tiempo real. La implicación práctica es que en las próximas elecciones, los representantes de los partidos deberán limitarse a su rol como observadores y no podrán participar en la recopilación de datos nominativos sobre quienes llegaron o no a las urnas. De este modo, la Corte Suprema aclaró que la privacidad del votante prevalece sobre el interés partidista en los datos, incluso si el partido posee medios tecnológicos avanzados para procesar dicha información.