En un proceso judicial a gran escala, se ha iniciado una nueva ronda de litigios bajo el nombre de 'Sala de Guerra contra la Difamación', con el fin de combatir la difusión de información falsa y la incitación en redes sociales. Siete nuevas demandas por difamación fueron presentadas a través del abogado Amit Mor, del bufete Naschitz, Brandes, Amir. La medida incluye a varias figuras públicas y periodistas, entre ellos Lucy Aharish, el Dr. Ronen Bergman, Ronen Tzur y Barak Seri. El objetivo principal definido por los activistas es restablecer la cordura en el discurso público mediante acciones legales contra quienes utilizan plataformas digitales para difundir discursos de odio.
En su demanda, Lucy Aharish sostiene que se llevó a cabo una campaña orquestada en su contra, la cual utilizó su origen personal para dirigirle insultos graves y difundir llamados a la violencia contra ella y su familia. Paralelamente, el Dr. Ronen Bergman presentó una demanda contra una activista de redes sociales, alegando que se difundieron «libelos de sangre» en su contra, atribuyéndole graves delitos de seguridad y afirmaciones falsas sobre sus actividades profesionales durante los eventos del 7 de octubre. Otros frentes de esta lucha incluyen la demanda de Ronen Tzur contra un usuario de redes sociales que lo comparó con una figura histórica controvertida, y la incorporación de Barak Seri a la campaña contra las difamaciones en línea.
Según los datos presentados por los demandantes, el esfuerzo público para limpiar el espacio digital israelí ha comenzado a dar resultados, con una disminución del 40% en el uso de ciertos términos definidos por ellos como ofensivos. No obstante, la Sala de Guerra aclara que no tiene intención de detener esta labor, enfatizando que quien decida envenenar el discurso público deberá asumir la responsabilidad legal y económica por sus actos. Esta medida judicial destaca el principio de cero tolerancia hacia el racismo. Desde el punto de vista jurídico, las demandas abordarán los límites entre la libertad de expresión y la obligación de evitar la difamación. Se trata de alegaciones que aún no han sido resueltas por el tribunal; los procesos se encuentran en etapas iniciales y la carga de la prueba recae sobre los demandantes.