En un comentario publicado en Channel 13, el periodista Baruch Kra informó que la reunión del gabinete celebrada el 5 de julio de 2026 marcó un punto de inflexión dramático en la relación entre el poder ejecutivo y el judicial en Israel. A diferencia de casos anteriores donde ministros individuales se pronunciaron contra decisiones judiciales, esta vez se trata de una resolución gubernamental explícita que establece que una sentencia específica del Tribunal Supremo es inaceptable y no será acatada. Según el informe, aunque el primer ministro Benjamín Netanyahu no estuvo presente en la reunión, la medida se tomó bajo su auspicio e iniciativa.
El trasfondo de esta decisión radica en la lucha por la composición del consejo de la Segunda Autoridad. Después de que el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, nombrara un nuevo consejo, la Asociación de Periodistas presentó una petición ante el Tribunal Supremo alegando falta de experiencia de los miembros. El tribunal congeló los nombramientos y ordenó al consejo anterior que continuara en sus funciones, en parte para permitir la discusión sobre la adquisición del Canal 13. Según el informe, el gobierno decidió declarar el desacato a esta sentencia después de que el tribunal impidiera que el ministro Karhi provocara una situación en la que no se pudieran celebrar reuniones del consejo por falta de quórum.
El comentario señala que la intensa implicación del primer ministro en los medios es un patrón recurrente durante su mandato, utilizando mecanismos legales y regulatorios para influir en la propiedad y el contenido de los medios de comunicación. El significado práctico de esta decisión, tal como sugiere el informe, es la creación de un precedente peligroso donde los funcionarios públicos podrían considerarse exentos de la obligación de obedecer decisiones judiciales, basándose en la alegación del escalafón político de que el tribunal actuó de forma ilegal. Expertos y comentaristas expresan su temor de que este paso pueda afectar a otras áreas, como la labor policial y el cumplimiento de la ley, conduciendo a un mayor desgaste de la separación de poderes en Israel. El analista Baruch Kra subraya que se trata de un punto álgido en una campaña continua contra el Estado de derecho, y los próximos capítulos de la lucha podrían incluir intentos adicionales de cambios estructurales en las instituciones, como las iniciativas para modificar el estatus del asesor jurídico del gobierno.