El Tribunal Regional del Trabajo de Tel Aviv resolvió recientemente un asunto que causó revuelo en el Ministerio de Agricultura, al desestimar una demanda presentada contra el nombramiento de la Dra. Chen Henig para el cargo de jefa de la división de bienestar animal. Los demandantes exigían la anulación de la licitación y su nueva publicación, argumentando una serie de irregularidades en el proceso de selección y en la actuación de la comisión profesional.
El núcleo de los argumentos de los recurrentes se centraba en un supuesto cambio injustificado de los requisitos de acceso al puesto, así como en la composición de la comisión examinadora. Según alegaban, los miembros carecían de suficiente experiencia en bienestar animal y mantenían vínculos profesionales con el director de servicios veterinarios, lo que, a su entender, generaba parcialidad. Por su parte, la postura del Estado fue que la modificación de los requisitos se realizó dentro de sus competencias legales, tras el fracaso de anteriores licitaciones para atraer candidatos adecuados. El Estado enfatizó que la composición de la comisión se ajustaba a las normas de la función pública y que todos sus miembros tenían la experiencia pertinente.
Tras examinar las pruebas, el tribunal determinó que no había base para las alegaciones de parcialidad. La jueza aclaró que la anulación de una licitación es una medida extrema no justificada en este caso. El fallo indica que la Dra. Henig obtuvo las mejores calificaciones en los parámetros personales establecidos. Además, el tribunal ordenó a cada uno de los dos demandantes pagar al Estado 20.000 NIS en costas judiciales y 25.000 NIS en honorarios legales. Los abogados Shahar Hoffman y Anat Lazar, que representaron a la Dra. Henig, celebraron la decisión como el fin de un largo proceso judicial destinado a perjudicar su elección, subrayando que el tribunal ratificó la legalidad del nombramiento. Esta sentencia sirve de recordatorio del peso que el tribunal otorga al criterio de las instituciones estatales al gestionar licitaciones, siempre que actúen conforme a las reglas de la función pública y la equidad administrativa.