En los últimos meses, se ha observado un cambio en la política de cumplimiento de las FDI hacia los insumisos del sector ultraortodoxo. Según informes, el ejército ha cesado casi por completo las operaciones de detención proactiva en centros de población ultraortodoxa, a pesar de los fallos previos de la Corte Suprema (Bagatz) que exigen la aplicación igualitaria de la obligación de reclutamiento. Las detenciones que se llevan a cabo se concentran casi exclusivamente en puntos fronterizos, como el Aeropuerto Ben Gurion, donde los desertores son detenidos a su regreso del extranjero.
Fuentes militares señalan que la dificultad para realizar detenciones proactivas se debe a la falta de asignación de personal por parte de la policía, que debe lidiar con disturbios a gran escala que acompañan a cualquier actividad policial en estos barrios. Esta situación ha provocado que en las últimas semanas no se hayan registrado protestas turbulentas ni cortes de carreteras como se observaba anteriormente. Paralelamente, según medios de comunicación, el ejército identifica una creciente tendencia a presentar solicitudes de exención del servicio militar por motivos psiquiátricos. Se sospecha que ciertos actores ayudan a los reclutas a redactar informes profesionales con formulaciones similares, que se envían a las FDI a través de bufetes de abogados. Las FDI, en cooperación con el Ministerio de Salud y la policía, están estudiando medidas, dado que la organización no tiene autoridad de cumplimiento directa sobre los actores civiles involucrados en el proceso. Como resultado, las FDI han actualizado el protocolo para examinar informes psiquiátricos con el fin de garantizar el cumplimiento de estándares profesionales estrictos. Este fenómeno se suma a los desafíos legales y operativos que enfrentan las fuerzas de seguridad al implementar la política de reclutamiento igualitario frente a la oposición pública y el uso de vías legales y médicas para eludir la obligación de servicio.