En una acción legal inusual presentada ante un tribunal federal en Washington, el exchange de criptomonedas Bybit ha actuado contra el Estado de Corea del Norte. Según el informe de Globes, la plataforma sostiene que el grupo de hackers conocido como 'Lazarus Group', que opera bajo el patrocinio del régimen norcoreano, es responsable de una sofisticada intrusión en sus sistemas. En el marco de esta actividad maliciosa, según se alega, se robaron cerca de medio millón de Ethereum de las cuentas del exchange, cuyo valor en el momento del robo se estimó en aproximadamente 1.
500 millones de dólares. El proceso legal plantea un desafío jurídico y geopolítico complejo, ya que la demanda se dirige directamente contra un Estado soberano acusado de estar involucrado en actividades cibercriminales internacionales. En el contexto jurídico, se trata de un intento de una entidad privada de emprender acciones legales contra un soberano en tribunales civiles de EE. UU. por los daños causados por la actividad de hackers identificados con los mecanismos de seguridad de dicho país.
El tribunal accedió a la petición de la demandante y ordenó la congelación de activos en la medida de lo posible, aunque el informe revela un panorama complejo respecto a la recuperación del dinero. Según los argumentos de las partes y la información surgida de los procedimientos, gran parte de los fondos digitales ya han pasado por procesos de blanqueo y han sido dispersados por internet, lo que dificulta significativamente la localización y recuperación de las monedas robadas.
La demanda subraya la creciente dificultad de las instituciones financieras que operan en el sector de los activos digitales para hacer frente a las ciberamenazas patrocinadas por Estados, así como las limitaciones legales para ejecutar sentencias contra agentes estatales que no cooperan con los sistemas judiciales occidentales. Desde un punto de vista práctico, el asunto constituye una señal de alerta para las plataformas de intercambio de todo el mundo en relación con los riesgos asociados a la seguridad de la información y la gestión de riesgos de la cibercriminalidad.
Aunque la demanda proporciona un precedente jurídico fascinante en cuanto a derecho internacional y competencia jurisdiccional, parece que el desafío central para el exchange seguirá siendo tecnológico y operativo antes que jurídico, dado que una parte significativa de los activos ha desaparecido en rutas de blanqueo descentralizadas.